Fiscal pide auditoría para Ersa y Autobuses

Córdoba, 4 de Septiembre de 2014- http://www.lmcordoba.com.ar

 

 

Según consta en la resolución, es para determinar el monto del perjuicio económico a las arcas del Estado nacional y saber qué hicieron las privadas con los fondos cobrados, en principio, de manera irregular. El intendente Mestre se declaró inocente.

Tras ser imputado por la Justicia Federal, el intendente Ramón Mestre salió públicamente a defender su gestión, se declaró inocente y ratificó en su cargo al secretario de Transporte, César Fe-
rreyra, que también fue acusado en la causa por supuestos desvíos de subsidios nacionales para el transporte. Por ese hecho que ahora investiga el juez federal Ricardo Bustos Fierro, también fueron imputados el exfuncionario municipal Juan Pablo Díaz Cardeilhac y el presidente de la empresa Ersa, Juan Carlos Romero.
La denuncia fue presentada por el concejal del Frente Cívico Daniel Juez, a raíz de una investigación realizada por LA MAÑANA en conjunto con el programa ADN y publicada en marzo pasado, donde se reveló que los subsidios nacionales correspondientes a ocho colectivos articulados de la Tamse estaban siendo cobrados por la UTE de Ersa y Autobuses Santa Fe. Eso ocurrió desde agosto de 2013 a marzo de este año.

 

Las cuatro imputaciones se encuadran en el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública previsto por el artículo 174, inciso 5 en función del artículo 172, del Código Penal. El delito prevé una escala penal de 2 a 8 años de prisión.

 

El intendente Mestre dijo ayer en diálogo con los medios que está sorprendido por la imputación porque “estamos convencidos que obramos con total transparencia” y aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia al igual que los funcionarios involucrados. “Estoy convencido que soy inocente”, agregó.
Cabe destacar que el próximo paso en el proceso judicial sería el llamado de Bustos Fierro a declaración indagatoria de los cuatro imputados por el caso. En este sentido, recién ayer a media mañana el juez federal tomó contacto con el expediente por lo que se presume que la citación recién podría ser en las próximas semanas.
Con el objeto de aclarar el complicado panorama que ahora se abre para el Ejecutivo municipal, Fe-
rreyra justificó el desvío de los fondos que correspondían a Tamse y que fueron para las privadas. El funcionario se refirió a convenios realizados entre las empresas y la estatal en agosto del año pasado, y reiteró que el procedimiento llevado adelante para que la secretaría de Transporte de la Nación gire los subsidios, fue transparente.
Sin embargo, según pudo conocer este medio de los fundamentos de la resolución dispuesta por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, los imputados Mestre, Díaz Cardeilhac, Ferreyra y Juan Carlos Romero “habrían inducido a error a la Secretaría de Transporte de la Nación, a los fines de obtener ilegítimamente para la empresa Ersa Urbano y Autobuses Santa FE los cupos para el subsidio del gasoil”. Por otro lado, el texto indica que “esta situación irregular había comenzado a raíz de la declaración jurada presentada por las autoridades municipales en el mes de agosto de 2013 y se habría mantenido hasta el mes de marzo de 2014”, cuando habría cesado a raíz de una auditoría realizada por la Comisión nacional de Regulación del Transporte (CNRT), “la que al advertir la situación dispuso el cese inmediato de la percepción de los subsidios al gasoil” por parte de las dos privadas. Parte de los elementos recabados por la Fiscalía fueron obtenidos tras el allanamiento realizado en el cuarto piso del Palacio 6 de Julio, donde funciona la Secretaría de Transporte.

Auditoría y declaración de los choferes
El fiscal Vidal Lascano sugiere en su imputación “sin perjuicio de las medidas que el juez estime corresponde”, citar a prestar declaración testimonial a los choferes de los ocho colectivos articulados involucrados en la investigación. Pero también, realizar una auditoría contable en las empresas Ersa y Autobuses “desde el primer período en el que se comenzó a percibir el beneficio del subsidios al gasoil hasta el cese de la percepción de los mismos”. El objetivo del estudio en ambas firmas es a los fines de poder determinar el monto “del perjuicio económico a las arcas del Estado nacional”; pero también para determinar “el tratamiento contable” que las privadas le dieron a cada una de las liquidaciones por subsidios.

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